Los 25 Estados miembros de la Unión Europea (UE) han acordado una nueva legislación para almacenar datos de telecomunicaciones para luchar contra el terrorismo. Se conservarán entre 6 y 24 meses las informaciones, a partir de las cuales se podrá saber quién ha hecho la llamada, a quién, desde donde y la duración, pero no su contenido, al que sólo se puede acceder si hay una orden judicial. Después de más de seis horas reunidos, han llegado a un acuerdo con los votos en contra de tres países.
El texto acordado señala también que se retendrán los datos relativos a las llamadas telefónicas -incluidas las no atendidas, pero en los casos en que ya estén almacenadas por parte de las compañías- así como las comunicaciones por Internet.
En cuanto al coste, se rechaza que sean los Estados miembros los que deban asumir el coste extra que la aplicación de esta directiva suponga para las industrias de telecomunicaciones.
La presidencia británica de turno de la UE ha reconocido que para lograr el acuerdo todos los países han tenido que realizar concesiones y ha expresado su confianza en que el texto acordado podrá ser aceptado por el Parlamento Europeo, que tiene poder de codecisión.
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